Para hacer frente a las preocupaciones por el costo de vida, la propuesta de la Casa Blanca de imponer un tope del 10% a la Tasa Anual Equivalente (APR, en inglés) de las tarjetas de crédito enfrenta un camino cuesta arriba en el Congreso. A pesar del estancamiento legislativo, ¿el tope a las tasas de interés salvaría a la economía o desencadenaría una crisis de liquidez localizada para quienes más lo necesitan? Nuestro economista para Norteamérica, Marcos Carias, explica qué está en juego.
Puntos clave
- Un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito requeriría un nivel de apoyo en el Congreso que, por ahora, no parece existir.
- Un tope del 10% reduciría significativamente la rentabilidad del negocio de las tarjetas de crédito. Contrario a algunas narrativas predominantes, no es seguro que esto provoque una recesión generalizada del consumo.
- Sin embargo, sí afectaría el gasto de los usuarios de tarjetas de crédito con mayor riesgo, así como los ingresos de las empresas que dependen de ellos (minoristas de descuento, cadenas de comida rápida, ropa de bajo costo, telecomunicaciones de bajo precio, concesionarios de autos usados y talleres de reparación automotriz).
Las preocupaciones por la asequibilidad son la principal vulnerabilidad política de los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Una encuesta de diciembre muestra que la economía es la principal preocupación de los votantes y que el principal problema económico sigue siendo el costo de vida. En la búsqueda de soluciones para cambiar la narrativa sobre la asequibilidad, la Casa Blanca impulsa un tope del 10% durante un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, conocidas como tasas anuales equivalentes (APR).
¿Ocurrirá? ¿Qué pasará?
Una batalla cuesta arriba en el Congreso
Ante la ausencia de leyes vigentes que otorguen al poder ejecutivo o a las agencias regulatorias la facultad de fijar precios en este mercado, la iniciativa necesitaría el respaldo del Congreso. A principios de 2025 se presentaron dos proyectos de ley, respaldados por el senador Bernie Sanders (I-VT), la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), el senador Josh Hawley (R-MO) y la representante Anna Paulina Luna (R-FL). Ambos proyectos se han estancado tras ser enviados a los comités correspondientes del Congreso, lo que sugiere que la idea carece de un apoyo bipartidista amplio. En reacción al anuncio inicial del presidente Donald Trump, ambos líderes republicanos con mayoría (el representante Mike Johnson y el senador John Thune) fueron inusualmente directos al descartar la propuesta. Sería imprudente apostar en contra de la influencia del presidente dentro de la coalición republicana, pero esta iniciativa parece especialmente difícil. Una versión diluida de la política (un tope fijo más alto o un sistema escalonado) podría tener mayores probabilidades de avanzar.
También existe la posibilidad de que la industria bancaria quiera tender un puente hacia la administración mediante un gesto voluntario a favor de los consumidores. El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hasset, sugirió que “los bancos podrían emitir voluntariamente algún tipo de ‘tarjetas Trump’ para personas con acceso insuficiente al crédito”, y CBS News informó recientemente que Bank of America estaría desarrollando una nueva tarjeta de crédito con una APR del 10%.
El debatido vínculo entre un tope a la APR y una posible recesión del consume
Las tarjetas de crédito representan el 57% de todo el crédito al consumo en Estados Unidos y actualmente financian alrededor del 5% del gasto mensual de los consumidores. La APR promedio ronda el 21%, y en ningún momento ha bajado del 11.8% desde que comenzaron a recopilarse datos en 1996 (véase el gráfico a continuación). La industria bancaria ha advertido de forma reiterada que millones de hogares quedarían excluidos del crédito, lo que supondría un riesgo para la economía en general. En contraste, investigaciones académicas sostienen que los márgenes son lo suficientemente amplios como para absorber incluso un tope del 10% sin una disrupción generalizada. No entraremos en los detalles de este debate altamente técnico, pero los lectores curiosos pueden profundizar en el anexo al final de esta publicación.
La verdad probablemente se sitúe en algún punto intermedio entre estos dos discursos: una proporción no despreciable de los usuarios con menores ingresos perdería el acceso, mientras que los usuarios con mayores recursos lo conservarían a tasas más bajas. Para un determinado tope de tasas, existe claramente un puntaje de crédito por debajo del cual emitir una tarjeta deja de tener sentido financiero. Pero para la economía, la pregunta del “cuánto y cuántos” es crucial. ¿Perdería el acceso el 5% de los usuarios? ¿El 10%? ¿El 20%? El mercado de consumo estadounidense es notoriamente en forma de “K”. Las estimaciones conservadoras sitúan la participación en el consumo del quintil más rico en el 35%; las más altas, entre el 50% y el 60%. Esto significa que, se excluye a los prestatarios de mayor riesgo, se pierde algo de gasto en los niveles más bajos de ingresos, pero se obtiene más rentabilidad del resto. Y eso sin contar los descuentos a los comercios (la comisión del 1% al 3% que se cobra a los minoristas por cada transacción), lo que implica que existe un subconjunto de usuarios que resulta rentable incluso si genera poco o ningún margen por intereses. Como regla general, las políticas que perjudican a los hogares más pobres, pero benefician al resto tienden a tener un efecto neto positivo en la economía.
El costo social de unas tasas de interés más bajas
Más allá de esta evaluación matizada del impacto económico, destacamos el riesgo de malestar social que podría derivarse de un shock de precariedad de este tipo para los hogares más pobres. Para el 10% más pobre de los usuarios, los saldos de las tarjetas de crédito equivalen al 85% de su ingreso mensual familiar. Este grupo enfrentaría, por tanto, una escasez aguda de liquidez que la red de protección social y el crédito informal (compra ahora y paga después, casas de empeño, prestamistas informales) no pueden absorber adecuadamente.
De implementarse, el tope a la APR reforzaría la polarización entre los ganadores y los rezagados del sector minorista, aumentando la población de empresas vulnerables. Si bien el crecimiento de las ventas minoristas en términos generales se ha mantenido relativamente resiliente, el gasto adicional se ha concentrado en los actores con mejor desempeño, como Amazon, Walmart y Costco. Aunque la demanda sigue siendo sólida, resulta cada vez más difícil para las empresas más débiles mantenerse competitivas. Un tope a la APR amenazaría a las compañías que perderían cuando los hogares de menores ingresos se ven presionados y que tienen poco que ganar de mejoras moderadas entre los consumidores promedio, incluidos los minoristas de descuento, las cadenas de comida rápida, la ropa de bajo costo, las telecomunicaciones económicas, los concesionarios de autos usados y los talleres de reparación automotriz.
Anexo: ¿Sobreviviría el negocio de las tarjetas de crédito a un tope de la APR? Una revisión de la literatura:
- No faltan comentarios desde la industria financiera advirtiendo sobre los efectos devastadores que tendría el tope a la APR sobre la demanda de los consumidores, incluida una publicación de la American Bankers Association (ABA) que sostiene que “entre el 74% y el 85% de las cuentas de tarjetas de crédito abiertas a nivel nacional serían cerradas o verían sus líneas de crédito drásticamente reducidas”.
- Brian Shearer, investigador del Vanderbilt Policy Accelerator y ex alto funcionario de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, publicó un estudio en el que afirma que la industria puede seguir siendo rentable en la mayoría de los segmentos de prestatarios si ajusta lo que considera presupuestos inflados de marketing y programas de recompensas. Otro estudio, elaborado por economistas de las universidades de Pensilvania y Columbia, y del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, estima el retorno sobre activos del sector en un 6.8% (cuatro veces el del conjunto del sector bancario), una cifra coherente con las estimaciones de Shearer.
- La ABA publicó una refutación directa al trabajo de Shearer, acusando a su metodología de sobreestimar la rentabilidad del negocio de las tarjetas de crédito. Posteriormente, Shearer publicó una réplica a esa refutación en su substack.
Marcos Carias es economista de Coface para la región de Norteamérica. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Burdeos, en Francia, y realiza un seguimiento frecuente del riesgo país y previsiones macroeconómicas para Estados Unidos, Canadá y México. Para más análisis económicos, sigue a Marcos en LinkedIn.
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