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EE. UU.: los “aranceles recíprocos” desaparecen, la incertidumbre permanece

El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los “aranceles recíprocos” impuestos por la administración Trump. Se trata de un importante revés legal, pero no cambia el panorama general de la política comercial. Estados Unidos continúa manteniendo aranceles históricamente altos, y el entorno sigue siendo inestable para las empresas.

Cifras clave

  • 14%: tasa arancelaria promedio de EE. UU. después de la decisión, frente al 2.3% antes de 2025
  • 150 días: duración máxima de nuevos aranceles temporales basados en la Sección 122

La decisión de la Corte Suprema constituye un revés político para la administración estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos todavía dispone de muchas palancas para mantener aranceles elevados, lo que prolonga la incertidumbre para las empresas y el comercio mundial.

afirma Marcos Carias, economista para Norteamérica en Coface.

 

Impacto inmediato limitado y niveles históricamente altos

Si bien este fallo representa un revés político e institucional para la Casa Blanca, no marca una ruptura con la estrategia comercial seguida desde el regreso de Donald Trump al poder. La decisión solo se refiere a los aranceles basados en este marco jurídico específico y no cuestiona otras medidas existentes, en particular aquellas dirigidas a ciertos sectores.

En las horas posteriores a la decisión, la administración estadounidense anunció su intención de apoyarse en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para introducir nuevos aranceles temporales. Esta medida autoriza al Presidente a aplicar recargos de hasta el 15% durante un período máximo de 150 días en caso de desequilibrios externos; actualmente se está aplicando una tasa adicional del 10%.

Esta sustitución se traduce en una disminución limitada de la tasa arancelaria promedio de EE. UU., que ahora se sitúa cerca del 14%. Esto es ciertamente inferior a lo que se observaba bajo el régimen de aranceles “recíprocos”, pero no tiene comparación con la situación previa a 2025, cuando la tasa promedio no superaba el 2.3%. En la práctica, Estados Unidos sigue manteniendo así uno de los regímenes arancelarios más altos observados en casi un siglo.

 

Ganadores, perdedores y una geografía del riesgo rediseñada

El fin de los derechos aduaneros “recíprocos” no se traduce en un alivio uniforme. El impacto varía considerablemente según los socios comerciales de Estados Unidos y la estructura de sus exportaciones.

Los países cuyas ventas al mercado estadounidense están fuertemente concentradas en sectores cubiertos por los aranceles de la Sección 232 —acero, aluminio, automóviles y equipos industriales— continúan soportando una elevada carga arancelaria. Este es particularmente el caso de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, cuyas exportaciones industriales siguen estando ampliamente expuestas a medidas justificadas por motivos de seguridad nacional. Los principales socios norteamericanos, Canadá y México, aunque parcialmente protegidos por el T-MEC, también siguen penalizados en varios segmentos industriales clave.

Por el contrario, algunos países que anteriormente estaban sujetos a aranceles “recíprocos” particularmente altos ahora se benefician de un alivio relativo, con un recargo del 10% aplicado bajo la Sección 122.

Varias economías del sur y sudeste asiático, como Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka, están viendo disminuir significativamente su exposición arancelaria, ya que sus exportaciones están menos concentradas en los sectores cubiertos por la Sección 232. Esta reconfiguración acentúa las diferencias entre los socios comerciales de Estados Unidos y añade complejidad a un panorama arancelario global cada vez más fragmentado.

 

La incertidumbre legal y política continuará

Más allá del plazo de 150 días, persisten varias incógnitas. Una extensión de los aranceles requeriría la aprobación del Congreso, una perspectiva políticamente sensible en vísperas de las elecciones de medio término. Además, la cuestión del reembolso de los derechos cobrados bajo el régimen ahora invalidado sigue sin resolverse. Los procedimientos podrían prolongarse durante varios años, alimentando un clima de incertidumbre duradera para las empresas, sus cadenas de suministro y sus decisiones de inversión.

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