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BrasilLa actividad se recupera, pero persisten los retos
Se prevé que la economía de Ecuador se recupere moderadamente en 2025, tras una fuerte contracción en 2024 provocada por graves cortes de electricidad, la disminución de la producción de petróleo y la inseguridad. La recesión provocó descensos generalizados en la agricultura, la industria y los servicios, pero los datos de principios de 2025 apuntan a un rápido repunte. El PIB creció más de un 3 % interanual en el primer trimestre de 2025, impulsado por el consumo de los hogares (que representó el 62 % del PIB en 2023), respaldado por una baja inflación, el aumento de los salarios reales y una normalización gradual del suministro eléctrico. Las exportaciones no petroleras, entre las que se incluyen el camarón, el cacao y los plátanos, se han mantenido fuertes, beneficiándose de la mejora de las condiciones fluviales, los altos precios y una demanda exterior resistente. La actividad industrial mostró los primeros indicios de mejora, mientras que la formación bruta de capital fijo (el 21 % del PIB en 2023) comenzó a repuntar, impulsada por la expansión del crédito y los incentivos fiscales previstos en el artículo 60/90, que ofrece exenciones del impuesto sobre la renta para nuevas inversiones productivas. No obstante, la inversión sigue viéndose limitada por la inseguridad y la fragmentación política. El gasto público (el 15 % del PIB en 2023) sigue viéndose condicionado por los elevados costes de seguridad y del servicio de la deuda, compensados en parte por el aumento del IVA y los recortes en las subvenciones a los combustibles. Mientras tanto, la caída de los precios internacionales del petróleo ha mermado los ingresos fiscales y externos, lo que ha añadido presión a un presupuesto ya de por sí ajustado.
En 2026, se espera que el crecimiento cobre un mayor impulso, respaldado por la normalización de la producción hidroeléctrica —siempre que las condiciones meteorológicas mejoren— y por un entorno político más estable tras las elecciones de 2025. Se prevé que el consumo de los hogares siga siendo el principal motor del crecimiento, impulsado por una inflación moderada, el aumento de los salarios reales y las mejoras graduales en el sector del empleo. Se espera que la actividad inversora se fortalezca, especialmente en los sectores de la minería, la construcción y la energía, gracias a un mayor acceso al crédito y a los esfuerzos por reducir los cuellos de botella normativos. El gasto público en infraestructuras también podría repuntar, sobre todo en los sectores de la energía y el transporte, ya que el Gobierno pretende abordar los cuellos de botella que quedaron al descubierto durante la crisis energética de 2024. Sin embargo, es probable que la producción de petróleo siga siendo moderada debido a los problemas persistentes en el yacimiento de ITT y a la falta de inversión, aunque una recuperación parcial de los precios mundiales podría respaldar los ingresos externos y aliviar algunas presiones fiscales.
Las perspectivas fiscales siguen siendo frágiles a pesar del apoyo del FMI y de la consolidación prevista
Se prevé que el déficit fiscal aumente en 2025, ya que los precios más bajos del petróleo, la supresión gradual de las medidas fiscales temporales y el elevado gasto en seguridad y en el servicio de la deuda lastran las cuentas públicas. Los ingresos mensuales por petróleo han caído muy por debajo de las previsiones oficiales, que se han visto afectadas tanto por la reducción de la producción, tras el cierre de ITT, como por la caída de los precios mundiales. Aunque la subida del IVA y los recortes de las subvenciones han proporcionado cierto alivio a corto plazo, no han compensado por completo la pérdida de ingresos relacionados con los hidrocarburos. Una vez concluidas las elecciones y tras haber obtenido el presidente Noboa una mayoría de gobierno, se espera que la consolidación fiscal recupere impulso en la segunda mitad del año, pero los riesgos de ejecución siguen siendo elevados. Se prevé que en 2026 el déficit se reduzca moderadamente, gracias a la recuperación de la actividad interna y a los renovados esfuerzos por controlar el gasto corriente. El Servicio Ampliado del Fondo del FMI, de cuatro años de duración, firmado en abril de 2024, sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia del Gobierno. Aunque Ecuador ya ha recibido 1.5 mil millones de dólares en virtud del acuerdo, los nuevos desembolsos se han retrasado debido a desviaciones fiscales y atascos administrativos. El programa ha permitido obtener apoyo multilateral adicional y ha orientado la política fiscal, pero los avances han sido desiguales. A falta de acceso a los mercados, las necesidades de financiación seguirán cubriéndose mediante fuentes multilaterales y nacionales, mientras que la deuda pública —de la cual, a finales de 2024, el 56 % estaba en manos de acreedores externos y el 44 % en manos nacionales— aumentará en 2025 antes de estabilizarse en 2026.
Se prevé que el superávit por cuenta corriente se reduzca en 2025, ya que la bajada de los precios del petróleo y la merma de la producción reducirán los ingresos por exportaciones, mientras que las importaciones aumentarán en consonancia con la recuperación de la demanda interna. Las exportaciones también se ven afectadas por la nueva política comercial de EE. UU. Desde abril de 2025, se aplica un arancel básico estadounidense del 10 % a la mayoría de las exportaciones ecuatorianas, entre ellas el plátano, el cacao y el camarón. El déficit de servicios (2,6 % del PIB en 2024) debería mantenerse elevado, como reflejo de la escasa afluencia de turistas en un contexto de inseguridad persistente. Se prevé que el déficit de la balanza de rentas primarias (1,5 % del PIB), impulsado por la repatriación de beneficios por parte de empresas extranjeras, se mantenga en líneas generales estable. Por su parte, el superávit de la balanza de rentas secundarias —compuesto en gran medida por las remesas de los expatriados (3,9 % del PIB en 2024)— seguirá respaldando la balanza exterior. A pesar del endurecimiento de la política de inmigración de EE. UU. bajo la administración Trump desde enero de 2025, que incluye un aumento de las deportaciones y el nuevo impuesto federal sobre las remesas, no se ha observado ningún cambio de tendencia claro. Por el contrario, los flujos de remesas se han mantenido resistentes, con un notable repunte a principios de 2025, ya que los migrantes trataron de enviar fondos antes de que entraran en vigor posibles restricciones. En junio de 2025, las reservas internacionales se situaban en 8 400 millones de dólares, lo que cubría 3,2 meses de importaciones. En 2026, se prevé que el superávit se reduzca aún más a medida que se acelere el crecimiento de las importaciones, impulsado por una mayor inversión y un mayor consumo. Se espera que los precios del petróleo sigan bajando, lo que, junto con las restricciones estructurales a la producción, seguirá limitando los ingresos por exportaciones. Las remesas y la balanza de ingresos deberían mantenerse relativamente estables, lo que contribuirá a amortiguar las vulnerabilidades externas. Dado que es probable que la inversión extranjera directa solo se recupere de forma marginal en un contexto de debilidades institucionales persistentes, el programa del FMI seguirá siendo un factor clave para garantizar la financiación externa multilateral y mantener las reservas internacionales en un nivel sostenible.
Noboa inicia su mandato completo con el control legislativo
El presidente Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), tomó posesión de su cargo para un mandato completo de cuatro años en mayo de 2025 tras su reelección. Asumió el cargo por primera vez en noviembre de 2023 tras ganar las elecciones anticipadas convocadas a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del expresidente Guillermo Lasso mediante el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada», una maniobra que permitió a Lasso eludir el proceso de destitución. Al igual que su predecesor, Noboa gobernó inicialmente con una minoría en la Asamblea y se enfrentó a fuertes resistencias a la hora de proponer reformas. Sin embargo, tras las elecciones de la primavera de 2025, se aseguró una mayoría de trabajo en la nueva Asamblea al formar alianzas con independientes, el Partido Socialcristiano (PSC) y miembros disidentes de Pachakutik y RC-RETO. Esto permitió a su coalición hacerse con el control de todos los puestos de liderazgo clave, incluidas la presidencia de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa. A pesar de esta posición institucional más sólida, la gobernabilidad es frágil y depende de negociaciones continuas con aliados con los que mantiene una alianza poco firme. El Gobierno sigue enfrentándose a graves amenazas a la seguridad pública relacionadas con el narcotráfico, a presiones fiscales debidas al aumento del servicio de la deuda y a los escasos ingresos petroleros, así como a unas reservas externas limitadas. Aunque el referéndum de abril de 2024 confirmó un fuerte respaldo público a las políticas de seguridad de Noboa, el rechazo generalizado a las propuestas relacionadas con el ámbito laboral y el arbitraje internacional puso de manifiesto la resistencia a su agenda de reformas más amplia.
Tras su reelección, el presidente Daniel Noboa ha tratado de alinear más estrechamente la política exterior de Ecuador con la de la Administración Trump, dando prioridad a la cooperación en materia de seguridad, comercio y migración. Ha estrechado los lazos con el Gobierno de EE. UU. proponiendo iniciativas bilaterales en materia de seguridad, mostrándose abierto a una presencia militar estadounidense en Ecuador y solicitando que las bandas de narcotraficantes ecuatorianas sean designadas como organizaciones terroristas. En materia de política comercial, impuso aranceles elevados a las importaciones mexicanas a principios de 2025, una medida interpretada ampliamente como un reflejo del proteccionismo de la era Trump. La migración también se ha convertido en un tema central, ya que Estados Unidos ha deportado a miles de ecuatorianos a su país en medio de un endurecimiento de los controles de inmigración, lo que ha llevado a Noboa a buscar nuevos acuerdos bilaterales para gestionar el flujo migratorio. Si bien estas medidas han reforzado la alineación de Ecuador con EE. UU., corren el riesgo de tensar aún más las relaciones con los países vecinos de tendencia izquierdista y de aumentar la exposición del país a los cambios en la política interna estadounidense. Por último, las repercusiones de la irrupción en la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024 —que provocó una ruptura diplomática con México y la condena de varios gobiernos de la región—, siguen sin resolverse y continúan aislando diplomáticamente a Ecuador en América Latina.